Quisiera reflexionar hoy sobre los distintos usos que podemos darle al ejercicio del poder. Y lo haré relatando algunas situaciones que espero arrojen algo de luz sobre el enunciado. Vamos con la primera. Quien fuera vicesecretario del PSOE durante la Segunda República y la guerra civil, Juan Simeón Vidarte, cuenta en su obra Todos fuimos culpables, un incidente que querría detallaros. El asunto tiene que ver con el asesinato del político derechista José Calvo Sotelo. La narración de Vidarte sobre los hechos nos muestra la visita que, a la mañana siguiente del crimen, le realiza Fernando Condés, un capitán de la Guardia Civil, militante del PSOE e implicado en aquel suceso.
Un punto de partida
Condés, nos cuenta Vidarte, se le muestra compungido por su actuación. Con la información que el capitán proporciona a Vidarte, queda claro el hecho de que no es él quien dispara. Pero también es consciente de su responsabilidad como jefe de la expedición. Tanto Vidarte como Prieto (a quien también visitará Condés) le aconsejan que se esconda.
Un consejo como este da mucha luz acerca de la interpretación de la violencia política que la sociedad del momento tenía. Vidarte y Prieto eran personalidades relevantes. El primero, eminente abogado y más tarde Fiscal del Tribunal de Cuentas y Subsecretario de Gobernación. El segundo, ministro de la República en sucesivos gobiernos y líder, de facto, del sector centrista del PSOE, aunque nunca ostentara la secretaría general. Ambos se convierten en encubridores de un crimen de Estado por simples afanes partidistas. Pero Vidarte no se avergüenza de narrar con claridad los hechos en sus memorias. Y esto significa que en su esquema de valores, como en el de la mayoría de los españoles de aquella sociedad tan enfrentada, estaba, por encima del respeto a la ley y a los principios democráticos, su vinculación gregaria con el grupo político al que pertenecía.
A quien, como yo, se ha interesado mucho por aquella triste época, pero que ha desarrollado su vida en otra algo diferente, la lectura de Vidarte me generaba cierto orgullo. Y me refiero a que uno pensaba que en los momentos actuales, cualquier militante de un partido politico, no obraría de ese modo. Lo normal es que denunciara a Condés o que, como mínimo, le indujera a entregarse. El orgullo venía, por tanto, de valorar lo que habíamos construído desde la Transición. Un entramado legal sobre el que se sustentaban una serie de valores muy diferentes a los de aquella época. Un sistema donde ya, por instinto gregario, una persona no iba a encubrir los delitos de otra. Un sistema donde la ley fuera suficientemente eficaz. De forma que, o por respeto a la misma, o por miedo a las consecuencias, ese tipo de acciones no volvieran a repetirse.
El desengaño
Craso error. Y un error de esas dimensiones trae consigo un fuerte nivel de desengaño. Y no es que quiera decir que este ha venido hoy como la luz que derriba a Saulo de su caballo. No, ni mucho menos. Es más bien una pequeña lucerna que se va haciendo más grande hasta convertirse en un tremendo foco que horada las más profundas convicciones.
Ya en esos años atrás vimos cosas como la lucha ilegal contra ETA, la financiación irregular de partidos políticos o el lucro personal basado en el abuso del cargo. Pero nos quedaba mucho camino por recorrer. De este modo, asistimos después el expolio del dinero público para financiar a determinados colectivos, tal como se nos mostró en el caso de los ERE. Y qué decir de la corrupción sistemática en un partido, al modo en que la hemos visto a través del caso Gurtel. Como colofón tenemos esa vida de enriquecimiento percibida años después en el icono de nuestra monarquía. Y tantas otras cosas que presentan un mismo origen, el uso del poder para el beneficio propio, creyéndose impunes quienes lo ostentan.
Al menos, las cárceles se han visto pobladas de una buen parte de esta caterva de poderosos corruptos. Barrionuevo, Zaplana, Matas, Rato, Urdangarín… Y, sin embargo, la interminable lista de casos no termina.
Lo que nos ocupa hoy
Menciono todo esto, porque presiento un último caso cuyo esquema me resulta bastante similar, al menos en la forma si no en el fondo, al de Vidarte y Condés. Ahora la prensa ha descubierto que un informe de la Intervención General del Estado ya advirtía en 2021 de las irregularidades que sucedían en la contratación de mascarillas. Esto se produce poco antes de que el presidente Sánchez destituyera de manera fulminante al ministro de Transportes José Luis Ábalos. Y lo hace tanto de su posición en el gobierno como ministro y vicepresidente como de la de secretario de organización del PSOE.
«…hoy, tras conocerse la implicación de Ábalos con la trama Koldo, todo nos lleva a presumir una escena similar a la vivida entre Vidarte y Condés. Pero esta vez entre Ábalos y Sánchez. Y con ello volvemos al hecho de sobreponer los intereses gregarios al cumplimiento de las leyes.»
Por aquel entonces suponíamos discrepancias políticas como la base de esta destitución tan inusual de cargos tan relevantes. Pero hoy, tras conocerse la implicación de Ábalos con la trama Koldo, todo nos lleva a presumir una escena similar a la vivida entre Vidarte y Condés. Pero esta vez entre Ábalos y Sánchez. Y con ello volvemos al hecho de sobreponer los intereses gregarios al cumplimiento de las leyes.
Al igual que Vidarte debió hacer, Sánchez (si nuestra suposición es cierta) debería haber denunciado los hechos en lugar de taparlos con una destitución. Pero no lo hizo. Y con ello, corremos noventa años atrás la historia para quedarnos, si no con el mismo entramado de valores de aquella sociedad, sí con uno bastante parecido. Todo ello por no mencionar que una vez más, como en el caso de los ERE, se ignora el informe de la Intervención que presume prácticas ilegales.
Probablemente la verdad no la sepamos en muchos años. Al menos no la sabremos hasta que, pasado el tiempo, alguien escriba unas memorias como las de Vidarte que arrojen luz. Y, quizá como las de aquel, reconozcan que muchos fueron culpables de tamaño desafuero.
El poder, siempre el poder
Y es que estas cosas tienen unas consecuencias letales para la sociedad. La corrupción sistémica de los partidos políticos solo crea desafección, desengaño del sistema democrático, pasotismo político, falta de ganas de emprender ninguna causa justa, embrollados en ese maremagnum donde todos parecen llevárselo crudo solo por el hecho de ostentar el poder en determinadas circunstancias.
Y, ojo, que aunque estoy hablando de política, esto no es solo algo asignable a la accion de gobierno. Lo es a calquier circunstancia en la que alguien ostenta determinada parcela de poder. Parcela que le permite saltarse las reglas y obtener algún tipo de beneficio personal dañando los intereses de las personas que han tenido a bien apoderarlo, sea en unas elecciones, en un consejo de administracion, en la junta directiva de una asociación o en una simple comunidad de propietarios.
En la empresa
Sucede a nivel empresarial. Veamos si no, el caso Grifols que saca a la luz una determinada manera de actuar de los gestores de una sociedad mercantil. Pensemos en la empresa X. Dicha empresa tiene un consejero delegado que, aparentemente, cuida de los intereses de dicha sociedad. Percibe su justa remuneración, sus bonus, etc. Quizá también sea el accionista mayoritario. La cuestión es que no contento con sus emolumentos decide sacar alguno más por la puerta falsa. Y lo hace contratando determinados servicios con la empresa Y, en la que él tiene claros intereses. Probablemente los servicios que Y va a prestar a X pudiran haber sido prestado en libre concurrencia por otra compañía con menos coste. Pero así, Y recibe parte del beneficiol que debía corresponder a X. Y ese dinero va directamente al consejero delegado corrupto, detrayéndolo de los justos beneficios que deberían haber percibido el resto de los accionistas que no están en una posicion gestora.
Si el lector está interesado en este tipo de tejemanejes empresariales, lo que se denomina el tunneling, le recomiendo escuchar el podcast del analista Juan Gómez Bada. Un gran especialista en la materia que describe en uno de los episodios de su podcast las peculiaridades del caso Grifols. Y no dejes de escuchar otros, donde desentraña lo que subyace a esta práctica, si no delictiva sí, al menos, atentatoria contra los intereses de los accionistas minoritarios de las compañías. En el fondo algo similar a lo de la politica. El poder, siempre el poder. Se trata de aprovecharse de una situación de apoderamiento para obtener lucro personal a costa del dinero de quienes apoderan.
En el ámbito cooperativo y asociacionista en general
También he sido testigo directo o indirecto de situaciones similares en el ámbito cooperativo. Pongamos el caso de una cooperativa agraria que coordina la produccion de múltiples agricultores de un sector geográfico. La cooperativa se rige por una junta directiva, de modo que los salarios de los junteros salen de un porcentaje de costes de gestión que se detrae de la facturación que la cooperativa realiza. Los salarios de los junteros pueden ser justos y en correlación con el beneficio que los cooperativistas obtienen. O no. En general los pequeños agricultores no suelen entrar demasiado en los entramados de gestión de las cooperativas, confían en los cargos que han elegido. Pero en ocasiones, esos cargos decepcionan su confianza, obteniendo salarios o bonus desproporcionados.
El agricultor se queda más o menos satisfecho porque la gestión que la cooperativa realiza él no sabría hacerla. Pero lo que no sabe es que determinados cargos pueden estar aprovechándose de su trabajo fijando gastos de gestión para la cooperativa que son desproporcionados, gastando dinero en partidas que no siempre son comprensibles para los asociados y que, en ocasiones, terminan engrosando las arcas personales de los junteros. Todo un despropósito. De nuevo, la cesión de poder termina en robo manifiesto.
Esto mismo lo he presenciado en determinadas asociaciones profesionales, entidades de gestión, etc. En general, en todo aquel entramado juridico que gestiona dinero de sus asociados. He sido testigo de como presidentes de determinadas entidades, elegidos por los miembros de dicha entidad, ponían a su alrededor a familiares directos a los que remuneraban con salarios desorbitados y plenamente injustificados. Exceso salarial que, nuevamente, salía de los bolsillos de los miembros de la entidad.
¿Qué pasa con el poder?
¿Hay en la esencia humana algo que genera estas situaciones? ¿Qué podemos hacer para eliminarlas? Las respuestas son complejas.
El anarquismo clásico ya relataba todas las maldades que el poder representaba para las sociedades. Y ante ello proponía un mundo sin Estado, donde las colectividades fueran soberanas en sus decisiones. Pero ya hemos visto que, más allá de la política, el empleo de cualquier cuota de poder sigue embarrando las situaciones.
El entorno burgués-liberal clásico, con Montesquieu a la cabeza, nos propone la separación de poderes del Estado para que el contrapeso entre ellos suponga un límite al abuso de poder. Es bajo ese principio que se desarrollan los sistemas democráticos actuales, pero vemos cada día que esto no es suficiente.
El que, de forma efímera, fuera presidente de la Primera República española, Pi y Margall proponía atomizar los poderes. Él partía de una cierta visión anarquista, pero era consciente de la dificultad para llevarla a la práctica. Y, por ello, proponía repartir tanto el poder que ninguna parte que lo ostentara pudiera sobreponerse con facilidad a las otras. Una propuesta notoriamente federalista. Y, sin embargo, la realidad de nuestro carácter cimarrón se terminó imponiendo. Surgió un fuerte movimiento cantonal que pretendía para cada cantón mucho más que lo que cualquier constitución federal podía darle. A Pi no le funcionó segmentar el poder. Cada segmento terminó campando por sus fueros y entre todos terminaron con aquel primer experimento republicano en nuestro país.
«Me gusta la visión del presidente de nuestra Segunda República, Manuel Azaña. A él le interesaba el uso del poder para transformar la sociedad.«
Me gusta la visión del presidente de nuestra Segunda República, Manuel Azaña. A él le interesaba el uso del poder para transformar la sociedad. Excelentes palabras, pero ya sabemos todos donde terminaron, expulsado de España por el empuje de armas que tenían otros intereses y no les gustaba la visión reformista de don Manuel.
En la esencia de las personas
A mí no me cabe la menor duda de que el asunto del poder es algo que se articula en la esencia profunda del ser humano. Spinoza hablaba de la potencia, de la capacidad de obrar como el camino de las personas para lograr su desarrollo esencial. Perseguimos influir en nuestro medio, dominar las cosas que nos rodean, intervenir en los procesos que suceden. En definitiva, sentirnos poderosos y no arrollados por las circunstancias.
Pero el problema es que mi capacidad de obrar puede chocar con la capacidad de obrar de los otros. Y, para armonizar esto, no hay más opción que fijar reglas. Es lo que que hemos hecho los humanos desde que comenzamos a comer más proteinas y nuestro cerebro inició su largo proceso evolutivo.
Una comunidad sin reglas deja la vía libre a que el más capaz de acopiar poder pueda imponerlo a los demás. Y, por eso, nos hemos enfrascado con el paso de los años en crear conjuntos de leyes que acoten el uso abusivo del poder. Tanto el uso inmoderado que hace un gobernante o el líder de una compañía, como el del psicópata que asesina solo por el hecho de que puede hacerlo.
Y aún así, las cosas fallan. Aún asi, las reglas no son suficientes. Ese afán de acopiar poder se nos sale por las costuras. Nos incita a romper leyes, a robar a quienes representamos, a maltratar a quien pensamos que nos traiciona o nos minusvalora.
En última instancia, la violencia de género a la que asistimos estupefactos a diario tiene fundamentos similares a la que ejerce el que usando su situación de poder se corrompe. Usamos el poder para imponer situaciones y lo hacemos simplemente porque podemos.
¿Se puede hacer algo?
Hay que hacerlo, sin duda. Tenemos el deber moral de dejar un mundo mejor a las siguientes generaciones. Y, al menos, estamos en un lugar geográfico y temporal donde los ciudadanos concretos tenemos muchas herramientas para ser capaces de obrar. Una, muy importante, es la libertad de expresión que nuetras constituciones nos conceden. Basándonos en ella es que debemos denunciar cuanto hecho de abuso de poder caiga bajo nuestro radar. Además de, por supuesto, dejar constancia de nuestra opinión acerca de las cosas que se pueden o se deben hacer.
Y también, como don Manuel Azaña nos enseñaba, usar el poder (en la cuota que cada uno tengamos) para trabajar por eliminar las situaciones que contribuyan a su abuso. Y la esencial es la del voto. Me llena de estupor observar como acumulamos en los últimos años reformas legislativas que en lugar de penalizar los delitos de los poderosos, los aminoran. Es el caso de lo sucedido respecto al delito de malversación en la legislatura anterior o que en esta se esté hablando ya de eliminarlo cuando no hay lucro personal. ¿Y cuando el gestor malversa para financiar a un partido político? ¿O para nutrir las arcas de determinado colectivo en detrimento de otro? ¿Eso no es malversación?
No podemos consentir estas situaciones. Vivimos un escenario político donde el seguimiento de las consignas de la secta que profesamos se sobrepone al de toda la sociedad. Los dos grandes partidos abusan de esta situación. Yo quiero un futuro con muchos más derechos para los ciudadanos, con mucha más justicia social, con el crecimiento económico que nuestra sociedad necesita para progresar. Pero todo esto no será posible si no trabajamos, en primer lugar, para lograr un entramado legal que penalice la corrupción y que haga del ejercicio del poder, algo noble dedicado a gestionar mejor la vidad de los ciudadanos, a dar seguridad jurídica para hacer avanzar la sociedad.
Todos seremos culpables
Tenemos que exigir a los partidos este enfoque. Y dirigir nuestro voto solo a quienes nos garanticen que van a trabajar por conseguir que el poder no pueda ejercerse de forma abusiva o incontrolada. Si no logramos una sociedad donde dignifiquemos el trabajo político, donde no seamos capaces de legislar para recortar los abusos de poder, solo estaremos generando desafección al sistema. Por ello, ahora doy toda la prioridad a esto. Mi voto solo irá a dónde vea garantía de este escenario. Y nunca más a donde la experiencia histórica me demuestre que dichas garantías se supeditan a intereses de cualquier tipo.
Por si no se entiende lo que quiero decir, lo haré con un ejemplo. Quienes me leen saben que soy de ideas socialdemócratas moderadas. Pues bien, no me sirve que se me aporten logros de mejora en la distribución de la riqueza, por más que sea algo que perseguiré siempre, si a cambio echamos por tierra un entorno político sano y una jurisdicción igual para todos los ciudadanos y no tergiversable por los poderosos.
Usaré mi pequeña cuota de poder a este respecto (mi voto) para que a quienes le dé poder con el mismo no lo usen para dañar los fundamentos de nuestra sociedad. A menos, intentaré no ser culplable de eso.
Joder, Antonio. No sabes lo que me alegran tus consideraciones sobre la relación poder/corrupción y tu decisión de emitir tu voto en función de las conclusiones a las que llegas en este artículo. Ojalá te lea nuestro común amigo, Eusebio.
Ya sabes de mi reconocimiento sincero de tu superioridad intelectual y cultural, al menos con respecto a mí. Por ello, no entendía que, después de años de largas, y reiterativas, conversaciones sobre el tema yo no apreciaría ningún cambio significativo en tu posición. El artículo que acabo de leer me tranquiliza y tu tardanza en alcanzar esta posición solo puedo achacarlo a que hay que añadir a tu ya legendario fino análisis de la realidad, la gran prudencia que te caracteriza y que, por algo, da título a tu “blog”.
Un fuerte abrazo, amigo.
José Luís Díaz
Las cosas cambian y nosotros vamos cambiando con las cosas. Nada hay inmutable, querido amigo.
Otro abrazo fuerte para ti.
Antonio